El pasado 31 de octubre la Ministra del Trabajo, Griselda Restrepo, anunció complacida que la entidad a su cargo y Avianca habían firmado un acuerdo de formalización laboral que Beneficiaba a más de 4.000 trabajadores, pero no pudo ocultar que 500 personas no habían aceptado la contratación propuesta. La noticia es totalmente truculenta y mentirosa como lo es la formalización misma. La realidad es que el acuerdo firmado incluyó 4.030 personas, de las cuales 500 no aceptaron los términos de los contratos. Son dos cosas completamente diferentes. La historia del cacareado acuerdo encierra otra verdad que debe ser conocida por todos los trabajadores colombianos: que la formalización que promueve el Ministerio del Trabajo les permite a las empresas encubrir despidos masivos y reestructuraciones para reducir costos laborales, quitarse de encima multas e investigaciones, deshacerse del personal enfermo, y de remate, destruir los sindicatos. Todo esto fue lo que puso al descubierto lo vivido en Avianca en el último año.

Cuando la territorial del Valle del Cauca formuló pliego de cargos contra Avianca y Servicopava y la del Atlántico lo hizo contra estas y Clave Integral en octubre de 2016, Avianca puso en marcha un metódico plan que le permitiera sacar ventaja de allí, gracias a los acuerdos de formalización. Para ello contaba con la experiencia de 2012 en la que después de la multa que por incurrir en intermediación ilegal le impuso la resolución 233 de ese año, el Mintrabajo le diseñó a la aerolínea algunas normas para perdonarle la sanción, y mediante un acuerdo para formalizar 1.184 empleos, dejar consignado en él lo que al arbitrio de la compañía no eran labores misionales, y por tanto, podía seguir contratándolas con cooperativas, que fue lo que en efecto continuó haciendo con las actividades de servicios, equipajes, pasajes, mantenimiento y almacén ¡Precisamente aquellas en las que laboraban los trabajadores cuyos testimonios motivaron la resolución 233! Fue así como cerca de 6.000 trabajadores continuamos privados de los derechos propios de la relación laboral bajo el infame régimen de las “cooperativas” Clave Integral y Servicopava. La inconformidad por esta situación estuvo dentro de las causas que dieron origen a la organización sindical de los trabajadores de tierra que se gestó desde 2013 y a las querellas que siguieron denunciando la intermediación ilegal y el incumplimiento al acuerdo de 2012, actuaciones que no avanzaban por la negligencia del Mintrabajo.

Fue ANTSA la que desde agosto de 2016 realizó una serie de gestiones para remover en el Ministerio las querellas que dormían en los anaqueles de esa entidad y la que colocó la querella en la territorial del Valle del Cauca que llevaron a que a Avianca y a Servicopava se les abriera pliego de cargos. Fue entonces cuando la aerolínea activó su plan para una nueva formalización, con la firma de cerca de 200 contratos directos, a seis meses, a personal de mantenimiento vinculado a través de Clave Integral, a quienes se les impuso una cláusula de período de prueba y otra que autorizaba el uso del polígrafo, además de la renuncia a la supuesta cooperativa. Estos trabajadores quedaron a merced de la compañía pues no fueron incluidos en la lista del acuerdo de formalización que se firmó el 27 de diciembre de 2016 para 843 técnicos de mantenimiento y almacenistas. En aquella fecha la Ministra Clara López anunció que Avianca vincularía directamente a los trabajadores de Servicopava a comienzos de 2017. Esto no sucedió. Como tampoco se cumplió una promesa que la Ministra le hizo a ANTSA de que la formalización del personal de Servicopava se haría con la presencia de los sindicatos en una mesa tripartita.

Mientras Ministerio y empresa hablaban de formalización se puso en marcha una masacre laboral que fue denunciada insistentemente por los sindicatos, razón por la que ANTSA, ASTOPTSAC y SINTRATAC radicamos en marzo una propuesta de contratación directa de todo el personal vinculado a Avianca mediante Servicopava, a término indefinido y respetando la antigüedad, iniciativa que fue respaldada con más de mil firmas y con mítines ante el Mintrabajo. El 21 de abril Hernán Rincón presentó por fin la propuesta de la empresa en la que quedaron al descubierto las intenciones de la compañía de hacer la vinculación a otra u otras empresas del Holding, con el fin de que los trabajadores no quedaran cubiertos con los mismos beneficios que tienen los de Avianca.

Por denuncias que hicimos los sindicatos sobre el despido masivo que se estaba llevando a cabo y sobre el acoso a los enfermos ofreciéndoles dinero para que renunciaran, el 11 de agosto se hizo una visita de inspectores del Mintrabajo a las oficinas de Servicopava en la que se constató que entre diciembre de 2016 y ese momento se habían producido 795 retiros y 731 ingresos, es decir, en ese lapso hubo un reemplazo de casi el 20 % del personal. Sin embargo, los despidos continuaron.

Y también por una querella interpuesta por ANTSA el 31 de agosto la territorial del Valle sancionó por intermediación ilegal a Avianca y a Servicopava con una multa cercana a los 3.000 millones de pesos. A los pocos días la aerolínea abrió una convocatoria para la vinculación del personal a las áreas de servicios y equipajes, mediante el ingreso a un link que llegó a los correos de los trabajadores, sin ninguna explicación sobre cómo sería el cambio en los contratos y sin mencionar que aquello hacía parte de un proceso de formalización. Por esos mismos días se conoció la noticia de que Avianca había adquirido el 92 % de la propiedad de Servicios Aeroportuarios Integrados SAI S.A.S. y que a esa empresa pasarían al personal de operaciones terrestres con serias desmejoras en las condiciones de los contratos, lo cual provocó una protesta el 13 de septiembre. Al día siguiente se les impidió el ingreso al aeropuerto El Dorado y al Puente Aéreo a 103 trabajadores, la mayoría de ellos activistas sindicales, y a casi todos los directivos de ANTSA y ASTOPTSAC, con lo cual Avianca se aseguró de que no se debatiera entre la gente la forma como se estaba adelantando la “formalización”, en un ambiente cargado de incertidumbre y bajo la amenaza de que quien cuestionara y no entrara a ciegas en el proceso perdería el empleo. El link que llegó a los correos del personal de operaciones terrestres para entrar a una convocatoria ni siquiera informaba a qué empresa se ingresaría.

A pesar de que los sindicatos denunciamos toda esta situación en mítines y comunicados, no logramos que la mayoría de los trabajadores superaran el miedo y nos acompañaran para cambiar favorablemente el curso de esa pérfida reestructuración. Ni siquiera el estallido de la valerosa huelga iniciada el 20 de septiembre por los pilotos tuvo el poder de inyectar en la gente el brío necesario para sobreponerse a la postración reinante. El ánimo combativo, sin embargo nunca abandonó a un núcleo de activistas de ANTSA y ASTOPTSAC conformado principalmente por recomendados médicos y compañeros antiguos.

Si bien es cierto que la lucha que libramos puso fin al oprobioso régimen de Servicopava, también lo es que los contratos directos que se impusieron en octubre con Avianca y con SAI fueron a un año y traían desmejoras en los salarios que oscilaban entre los 300 y 500 mil pesos. El de SAI, por ejemplo, es de apenas 13 mil pesos por encima del mínimo. Por ello, cientos se resistieron a firmar, especialmente compañeros de operaciones terrestres, que tampoco vieron con buenos ojos que se les impidiera el ingreso a la aerolínea, que era para la que habían laborado durante años, privados de derechos y que ahora les negaba los beneficios que tienen los empleados directos de la compañía. El Ministerio aún tiene que aclarar por qué permitió que siendo Avianca la que violó las prohibiciones establecidas para contratar con cooperativas, le permitió evadir la responsabilidad vincular a la aerolínea al personal que había afectado con su conducta.

Vino entonces una nueva embestida. El 24 de octubre, cerca de 200 personas con problemas de salud fueron citados a cinco hoteles lujosos para una supuesta información sobre el futuro de la cooperativa, pero fueron colocados ante funcionarios de la empresa Lee Hecht Harrison, especializada en gestionar planes de retiro, quienes les plantearon una transacción para que negociaran el fuero de la estabilidad reforzada y su antigüedad. A los dirigentes de ANTSA y ASTOPTSAC se los convocó al hotel Fontana, en el norte de Bogotá, para hacerles tentadoras ofertas económicas a las que algunos de ellos accedieron. Pese a ello, cuando se firmó el acuerdo de formalización el 31 de octubre, cerca de 500 personas de las 4.030 allí relacionadas no habían accedido a las imposiciones de Avianca. La empresa y el Ministerio del Trabajo informaron que quienes no habían firmado los contratos tenían hasta el 15 de noviembre para hacerlo, pero durante estos días se intensificaron las citaciones a los hoteles para escuchar las ofertas del plan de “retiro voluntario”.

En resumen, desde que se anunció la “formalización” en diciembre de 2016, hasta la fecha, se produjo una masacre laboral en la que perdieron sus empleos cerca de 1.500 trabajadores, la mayoría con más de tres años de antigüedad y muchos de ellos con enfermedades de columna y de hombros adquiridas cargando y descargando aeronaves. Además, se produjo una persecución implacable contra los enfermos y los sindicalizados, quienes tuvieron que elegir entre aceptar la imposición de unos contratos con grandes desmejoras económicas, a término fijo y que desconocen la antigüedad, o perder el empleo a cambio de un dinero que nada les asegura, todo ello, ante la mirada cómplice del Ministerio del Trabajo.

En medio de esta “formalización” que se usó para reestructurar la empresa, un objetivo acariciado por Avianca ha sido liquidar las organizaciones sindicales. Cuando sacó a los dirigentes y activistas de la operación el 14 de septiembre, rompió la ligazón entre éstos y las bases y así evitó que entre ellas se discutieran las condiciones de los nuevos contratos; y como sabía que tales condiciones no serían aceptadas por ese grupo de activistas, montó su plan de “retiro voluntario” para asegurar su destierro definitivo. Para un grueso número de estos compañeros que son antiguos, enfermos y comprometidos con los sindicatos los ofrecimientos económicos resultan inaceptables. Por eso han optado por las demandas ante los jueces, un camino no menos espinoso si tenemos en cuenta la corrupción que ha mostrado el aparato judicial.

Para los que firmaron los contratos la realidad no es menos amarga. Como un porcentaje muy alto del personal es nuevo y carece de experiencia en el manejo de la operación, a la sobrecarga de trabajo habitual se le sumó el caos y el estrés y nadie está a gusto en sus labores, situación que no se reduce a los de tierra. Con su despótica posición antisindical el señor Germán Efromovich prefirió perder algunas utilidades antes que ceder a las justas reclamaciones de los pilotos y estos tuvieron que regresar a sus puestos bajo la amenaza de vindicta contra su organización la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ACDAC. Después de la huelga y de la “formalización” Avianca entra en una nueva era preñada de una enorme inconformidad que se expresará tarde o temprano.

ANTSA acompañará incondicionalmente las peleas legales que sean necesarias para defender los derechos de los trabajadores que quedaron fuera de la empresa. Y con los que se encuentran dentro continuaremos alentando su inconformidad y bregando por su organización, ahora sin las trabas legales de la intermediación de Servicopava, para cambiar los términos de los contratos, que es, en últimas, la esencia de la lucha sindical.

Bogotá, 12 de noviembre de 2017

Asociación Nacional de trabajadores del Sector Aéreo y de Servicios Aeroportuarios – ANTSA

Junta Directiva Nacional

Descargue aquí el acuerdo de formalización firmado entre El Ministerio del Trabajo y Avianca